En rueda de prensa, la portavoz de ACPT, Esther García Díaz, ha anunciado que las acciones podrían incluir también nuevas concentraciones para exigir mayor seguridad en los pasos da nivel de Torrelavega, aunque la primera medida será recurrir las sanciones impuestas por la Delegación de Gobierno.
Hasta el momento, se han impuesto tres sanciones: una de 300 euros a la presidenta de la asociación de vecinos de Paseo del Niño, que ha sido pagada con cargo a los fondos del colectivo, y dos más a otros tantos vecinos participantes en la concentración de protesta del pasado 13 de octubre, en estos casos por importe de 500 euros.
Según Esther García, las sanciones "están mal fundamentadas y solo pretenden amedrentar a los ciudadanos" para que no participen en protestas reivindicando la mejora de la seguridad de los pasos a nivel de Pablo Garnica y Paseo del Niño.
Por ello, la portavoz de ACPT ha anunciado que las acciones ciudadanas que se llevarán a cabo tienen como objetivo "hacer frente común contra estos abusos de poder", como a su juicio ha ocurrido con las sanciones impuestas por el Delegación del Gobierno en Cantabria.
En este sentido, ha recordado que a la concentración asistieron más de 150 personas, entre ellos varios concejales del Ayuntamiento, y que uno de los sancionados se encontraba entre ella misma y la portavoz del PSOE, sin que en ningún momento fueran identificadas por la Policía, como sí lo fue el vecino sancionado con 500 euros.
Según el expediente sancionar, la Policía tuvo que intervenir para desalojar las vías, ya que los manifestantes se concentraron en el paso a nivel existente a la salida de la estación de FEVE, cortando el tráfico ferroviario entre Santander y Torrelavega durante unos 10 minutos.
Como resultado de la protesta, fueron identificadas "al menos cuatro personas": la presidenta del colectivo vecinal, María Ángeles Argumosa, a la que se sancionó; y los participantes, Iván Martínez y Aquilino García, también multados con 500 euros.
Para Esther García, la instrucción del expediente por parte de la Delegación del Gobierno en Cantabria "no tiene ni pies ni cabeza", ya que la sanción se impone por afectar al tráfico ferroviario, lo que a su juicio es una prueba de que "se actúa más a favor de FEVE que para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
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