López no jugaba ningún papel relevante en la estructura directiva de Sodercan, por lo que difícilmente podría haber entregado el supuesto informe saltándose tres niveles del escalón directivo
La aparición de un testigo de cargo 'sorpresa', al que el PP ha dado total credibilidad, en su causa general contra el Gobierno PRC-PSOE por la gestión de GFB, es una sorpresa a medias. El ex directivo de Sodercan, que abandonó la sociedad regional para convertirse en director general de Greyco, empresa que a punto estuvo de llevar a la quiebra, ya había contado su 'historia' en el diario El Mundo en Cantabria en varias ocasiones sin lograr que sus denuncias tuvieron eco.
Tampoco es ninguna novedad su afirmación sobre la existencia de un informe en torno a la viabilidad de GFB, que el mismo dice haber redactado en 2004, y que fue ignorado, denuncia, por "órdenes superiores". Del tal informe no existe constancia documental en los archivos de Sodercan y no se encuentra entre la documentación remitida al Parlamento por el actual Gobierno.
También ha quedado demostrado la absoluta falsedad de los encuentros que López dijo haber mantenido con la cúpula de la empresa pública, que en aquel momento ejercía José Villaescusa. Éste lo negó en la comisión de investigación parlamentaria, pero es que, además, y dado el carácter subalterno de López en la estructura directiva de Sodercan, donde no jugaba ningún papel relevante, difícilmente podría haber entregado el supuesto informe saltándose tres niveles del escalón directivo.
Que el Grupo Popular haya decidido tomar en consideración las denuncias verbales de López, citándole a la comisión de investigación parlamentaria de GFB, podría ser una desespera huida hacia adelante, tras constatar que el objetivo político que se proponían, que no era otro que lograr que la opinión pública diera por buena la condena dictada de antemano contra el Gobierno PSOE-PRC, no acaba de calar. Tras el paso de los consejeros socialistas de Industria y de los directivos de Soderan nombrados por ellos, no hay ni una sólo prueba de comportamiento ilícitos, irregulares o dolosos.
Las acusaciones de los diputados populares, Maria Antonio Cortabitarte, y Carlos Bedia, que han intentado colocar a los comparecientes se han terminado convirtiendo en opiniones que no se sustentan en hechos. La responsabilidad política se ha ido diluyendo y las próximas comparencias prevista, ya para el mes de febrero, difícilmente pondrán el foco sobre los gestores anteriores. Es más, pueden desvelar algunas claves del proyecto inicial, impulsado por el Gobierno del PP que presidía José Joaquín Martínez Sieso. Es un hecho anecdótico pero puede elevarse a categoría: a día de hoy falta entre la voluminosa documentación remitida por el Gobierno del PP quien pagó el primer viaje a Costa Rica en 2003 de responsables del Ejecutivo del ese partido, delegación que encabezó el entonces consejero de Industria, Pedro Nalda.
Pero si la sorpresa ha sido grande en medios políticos por la credibilidad dada por el PP a las denuncias periodísticas de López, mayor aún es la de los trabajadores de la empresa Greyco, de San Felices de Buelna, que desde septiembre de 2007 nada sabían de que fuera director de la empresa durante dos años tras su marcha voluntaria de Sodercan. En esa fecha los entonces propietarios de Greyco, el grupo industrial vasco Makilex Work, decidieron afrontar la nueva etapa de la fundición con un cambio en la gerencia, pero en el traspaso de poderes se produjo un hecho insólito la imposibilidad de localizar al director que iba a ser sustituido, Miguel Ángel López. A la vuelta de las vacaciones de verano los trabajadores de Greyco se encontraron con la sorpresa de la inexplicada ausencia del director gerente. Nunca más volvió a aparecer por la empresa, pero en los meses posteriores se conocieron algunas de su actuaciones.
En noviembre de 2007 la dirección de Greyco nombró como asesor técnico a Pedro Fernández Terán, alguien que conocía perfectamente la empresa, además de ser un profesional especializado en reflotar negocios en crisis. En una entrevista concedida a El Diario Montañés, y al ser preguntado por los principales problemas o errores de dirección cometidos para que Greyco se encontrase en tan serias dificultades responde: "El más importante fue contratar a Miguel Ángel López como gerente. Tomó una serie de decisiones, por acción u omisión, que conviene, algunas de ellas, analizar. Makilex Works, para empezar a gestionar Greyco, inyecta un primer capital de 3,7 millones de euros (más de 615 millones de pesetas) para la inversión, gestión y funcionamiento, pero Greyco no se gestiona, no se revisa la gestión comercial, el gerente no contacta con los clientes para explicarles la situación, así como las medidas para restituir el servicio y garantizarles la continuidad de los envíos. Se confunde a los dueños y no se les informa correctamente.
También ha quedado demostrado la absoluta falsedad de los encuentros que López dijo haber mantenido con la cúpula de la empresa pública, que en aquel momento ejercía José Villaescusa. Éste lo negó en la comisión de investigación parlamentaria, pero es que, además, y dado el carácter subalterno de López en la estructura directiva de Sodercan, donde no jugaba ningún papel relevante, difícilmente podría haber entregado el supuesto informe saltándose tres niveles del escalón directivo.
Que el Grupo Popular haya decidido tomar en consideración las denuncias verbales de López, citándole a la comisión de investigación parlamentaria de GFB, podría ser una desespera huida hacia adelante, tras constatar que el objetivo político que se proponían, que no era otro que lograr que la opinión pública diera por buena la condena dictada de antemano contra el Gobierno PSOE-PRC, no acaba de calar. Tras el paso de los consejeros socialistas de Industria y de los directivos de Soderan nombrados por ellos, no hay ni una sólo prueba de comportamiento ilícitos, irregulares o dolosos.
Las acusaciones de los diputados populares, Maria Antonio Cortabitarte, y Carlos Bedia, que han intentado colocar a los comparecientes se han terminado convirtiendo en opiniones que no se sustentan en hechos. La responsabilidad política se ha ido diluyendo y las próximas comparencias prevista, ya para el mes de febrero, difícilmente pondrán el foco sobre los gestores anteriores. Es más, pueden desvelar algunas claves del proyecto inicial, impulsado por el Gobierno del PP que presidía José Joaquín Martínez Sieso. Es un hecho anecdótico pero puede elevarse a categoría: a día de hoy falta entre la voluminosa documentación remitida por el Gobierno del PP quien pagó el primer viaje a Costa Rica en 2003 de responsables del Ejecutivo del ese partido, delegación que encabezó el entonces consejero de Industria, Pedro Nalda.
Pero si la sorpresa ha sido grande en medios políticos por la credibilidad dada por el PP a las denuncias periodísticas de López, mayor aún es la de los trabajadores de la empresa Greyco, de San Felices de Buelna, que desde septiembre de 2007 nada sabían de que fuera director de la empresa durante dos años tras su marcha voluntaria de Sodercan. En esa fecha los entonces propietarios de Greyco, el grupo industrial vasco Makilex Work, decidieron afrontar la nueva etapa de la fundición con un cambio en la gerencia, pero en el traspaso de poderes se produjo un hecho insólito la imposibilidad de localizar al director que iba a ser sustituido, Miguel Ángel López. A la vuelta de las vacaciones de verano los trabajadores de Greyco se encontraron con la sorpresa de la inexplicada ausencia del director gerente. Nunca más volvió a aparecer por la empresa, pero en los meses posteriores se conocieron algunas de su actuaciones.
En noviembre de 2007 la dirección de Greyco nombró como asesor técnico a Pedro Fernández Terán, alguien que conocía perfectamente la empresa, además de ser un profesional especializado en reflotar negocios en crisis. En una entrevista concedida a El Diario Montañés, y al ser preguntado por los principales problemas o errores de dirección cometidos para que Greyco se encontrase en tan serias dificultades responde: "El más importante fue contratar a Miguel Ángel López como gerente. Tomó una serie de decisiones, por acción u omisión, que conviene, algunas de ellas, analizar. Makilex Works, para empezar a gestionar Greyco, inyecta un primer capital de 3,7 millones de euros (más de 615 millones de pesetas) para la inversión, gestión y funcionamiento, pero Greyco no se gestiona, no se revisa la gestión comercial, el gerente no contacta con los clientes para explicarles la situación, así como las medidas para restituir el servicio y garantizarles la continuidad de los envíos. Se confunde a los dueños y no se les informa correctamente.
En definitiva que se utilizan los 3,7 millones de euros en otras cosas diferentes a los objetivos fijados por Makilex Works. Y Greyco retorna a una situación un poco delicada al no disponer de fondos para su gestión inmediata". Ese fue el resumen del paso de López por Greyco.
La ‘resurreción’ de López se produce hace dos semanas cuando el PP solicitó su comparecencia en la Comisión de Investigación GFB. Miguel Ángel López, técnico de Sodercan en 2004, es presentado por el PP como responsable del proyecto de la fábrica de fibroyeso de Orejo. Quieren que acuda a la comisión para que confirme las declaraciones efectuadas en distintos medios de comunicación en donde afirmaba que "a pesar de emitir un dictamen contundente de que era imposible sacar adelante el proyecto", se le informó desde la dirección de Sodercan "que daba igual, que de arriba han dicho que adelante".
La idea de convocar a López partió del diputado regional y miembro de la Comisión de Investigación sobre GFB, Carlos Bedia. Éste, que ha sido miembro del Consejo de Administración de Sodercan donde no consta que pidiera explicaciones sobre la controvertida empresa, dio por buena la existencia de un informe desfavorable al proyecto de la fábrica de fibroyeso "del que no tenemos constancia, puesto que no se ha encontrado en Sodercan ninguna mención al mismo". Bedia fue mas allá en sus sospechas e indicó que para el Grupo Parlamentario Popular esta situación es de "máxima gravedad" puesto que de las declaraciones de López "se podría concluir que ha desaparecido documentación relativa a GFB en Sodercan".
Las declaraciones de Bedia no han dado lugar, de momento, y como parece lógico, a la apertura de una investigación interna en Sodercan para determinar si las acusaciones de López tienen verosimilitud. En lugar de ello el diputado popular también da credibilidad a la afirmación del ex trabajador de Sodercan sobre que despachaba habitualmente con el presidente de la sociedad en relación al proyecto a GFB, extremo que Villaescusa ha negado tras explicar como funciona internamente la sociedad pública. El que fuera director general de Sodercan, a las ordenes del consejero Miguel Ángel Pesquera, negó conocer personalmente a López y lo mismos mantuvo el consejero de Industria entre 2003 y 2007, el ya citado Pesquera.
Tras otorgar toda la credibilidad a las denuncias de López el diputado Bedia elevó el tiro para exigir que se aclarara cuál ha sido el papel del ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de su vicepresidenta, Lola Gorostiaga, en dar vía libre al proyecto "a pesar de los informes negativos presentados por los técnicos". Bedia, tomando como base un informe del que no hay pruebas documentales que existiera, por tanto basándose en un contenido imposible de verificar, exige las máximas responsabilidades políticas. La maniobra del PP, aprovechándose de las declaraciones del controvertido ex empleado de Sodercan, parece destinada a hacer pasar de nuevo por la comisión a los máximos responsables del Gobierno de coalición, el regionalismo Revilla y la socialista Gorostiaga, a los que en su primera comparecencia no lograron ‘condenar’.
Bedia pide en base a las informaciones facilitadas a los medios de comunicación que López acuda ante la comisión para explicar por qué GFB ha sido "la mayor estafa" de Cantabria, según palabras repetidas por el denunciante. Bedia no ha solicitado a López que presente las pruebas de tan grave acusación.
LOPEZ CUENTA SU HISTORIA
El economista Miguel Ángel López ha ido de periódico en periódico y de radio en radio contando su historia y añadiendo cada vez nuevos detalles que 'enriquecían' el relato. Sus afirmaciones en un programa de radio fueron recogidas bajo el titular "GFB: la mayor estafa de Cantabria". López dijo que cuando informó negativamente del proyecto al consejero delegado señor Villaescusa, esté le indicó que "de arriba han dicho que esto tiene que seguir adelante". López, economista, profesor de la Universidad de Cantabria, se ha autonombrado encargado del Proyecto GFB en Sodercan. Fuentes de la sociedad precisan que fue uno más de los empleados de la empresa pública que participó en los trabajos previos a la puesta en marcha del proyecto.
López, sin embargo, ha declarado a una radio local que sus informes sobre la inversión de la empresa pública en dicho proyecto industrial fueron negativos y así se lo comunicó al consejero delegado, Villaescusa, quien le manifestaría -según las declaraciones del nuevo ‘testigo de cargo’- que "de arriba han dicho que esto tiene que seguir adelante". Según López fue la vicepresidenta Lola Gorostiaga la que ordenó seguir con el proyecto. Villaescusa ha desmentido a López, negando que hubiera mantenido con él reunión alguna. El documento supuestamente entregado no figura en los archivos de Sodercan.
La ‘resurreción’ de López se produce hace dos semanas cuando el PP solicitó su comparecencia en la Comisión de Investigación GFB. Miguel Ángel López, técnico de Sodercan en 2004, es presentado por el PP como responsable del proyecto de la fábrica de fibroyeso de Orejo. Quieren que acuda a la comisión para que confirme las declaraciones efectuadas en distintos medios de comunicación en donde afirmaba que "a pesar de emitir un dictamen contundente de que era imposible sacar adelante el proyecto", se le informó desde la dirección de Sodercan "que daba igual, que de arriba han dicho que adelante".
La idea de convocar a López partió del diputado regional y miembro de la Comisión de Investigación sobre GFB, Carlos Bedia. Éste, que ha sido miembro del Consejo de Administración de Sodercan donde no consta que pidiera explicaciones sobre la controvertida empresa, dio por buena la existencia de un informe desfavorable al proyecto de la fábrica de fibroyeso "del que no tenemos constancia, puesto que no se ha encontrado en Sodercan ninguna mención al mismo". Bedia fue mas allá en sus sospechas e indicó que para el Grupo Parlamentario Popular esta situación es de "máxima gravedad" puesto que de las declaraciones de López "se podría concluir que ha desaparecido documentación relativa a GFB en Sodercan".
Las declaraciones de Bedia no han dado lugar, de momento, y como parece lógico, a la apertura de una investigación interna en Sodercan para determinar si las acusaciones de López tienen verosimilitud. En lugar de ello el diputado popular también da credibilidad a la afirmación del ex trabajador de Sodercan sobre que despachaba habitualmente con el presidente de la sociedad en relación al proyecto a GFB, extremo que Villaescusa ha negado tras explicar como funciona internamente la sociedad pública. El que fuera director general de Sodercan, a las ordenes del consejero Miguel Ángel Pesquera, negó conocer personalmente a López y lo mismos mantuvo el consejero de Industria entre 2003 y 2007, el ya citado Pesquera.
Tras otorgar toda la credibilidad a las denuncias de López el diputado Bedia elevó el tiro para exigir que se aclarara cuál ha sido el papel del ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y de su vicepresidenta, Lola Gorostiaga, en dar vía libre al proyecto "a pesar de los informes negativos presentados por los técnicos". Bedia, tomando como base un informe del que no hay pruebas documentales que existiera, por tanto basándose en un contenido imposible de verificar, exige las máximas responsabilidades políticas. La maniobra del PP, aprovechándose de las declaraciones del controvertido ex empleado de Sodercan, parece destinada a hacer pasar de nuevo por la comisión a los máximos responsables del Gobierno de coalición, el regionalismo Revilla y la socialista Gorostiaga, a los que en su primera comparecencia no lograron ‘condenar’.
Bedia pide en base a las informaciones facilitadas a los medios de comunicación que López acuda ante la comisión para explicar por qué GFB ha sido "la mayor estafa" de Cantabria, según palabras repetidas por el denunciante. Bedia no ha solicitado a López que presente las pruebas de tan grave acusación.
LOPEZ CUENTA SU HISTORIA
El economista Miguel Ángel López ha ido de periódico en periódico y de radio en radio contando su historia y añadiendo cada vez nuevos detalles que 'enriquecían' el relato. Sus afirmaciones en un programa de radio fueron recogidas bajo el titular "GFB: la mayor estafa de Cantabria". López dijo que cuando informó negativamente del proyecto al consejero delegado señor Villaescusa, esté le indicó que "de arriba han dicho que esto tiene que seguir adelante". López, economista, profesor de la Universidad de Cantabria, se ha autonombrado encargado del Proyecto GFB en Sodercan. Fuentes de la sociedad precisan que fue uno más de los empleados de la empresa pública que participó en los trabajos previos a la puesta en marcha del proyecto.
López, sin embargo, ha declarado a una radio local que sus informes sobre la inversión de la empresa pública en dicho proyecto industrial fueron negativos y así se lo comunicó al consejero delegado, Villaescusa, quien le manifestaría -según las declaraciones del nuevo ‘testigo de cargo’- que "de arriba han dicho que esto tiene que seguir adelante". Según López fue la vicepresidenta Lola Gorostiaga la que ordenó seguir con el proyecto. Villaescusa ha desmentido a López, negando que hubiera mantenido con él reunión alguna. El documento supuestamente entregado no figura en los archivos de Sodercan.
Miguel Ángel López
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